Hablar de religión como si fuera únicamente un asunto privado, espiritual o inocente es, en muchos casos, una forma de esconder su dimensión política. A lo largo de la historia, la religión no solo ha acompañado procesos de violencia,también ha sido utilizada para justificarlos, legitimarlos y hasta moralizarlos. Cuando una creencia se transforma en dogma de poder, deja de ser una experiencia íntima y se convierte en una herramienta de control sobre cuerpos, conciencias y sociedades enteras.
No lo digo como una consigna vacía. Europa vivió durante los siglos XVI y XVII las llamadas Guerras de Religión, una cadena de enfrentamientos brutales entre bloques católicos y protestantes que marcaron al continente con matanzas, persecuciones y devastación social. La Encyclopaedia Britannica documenta ese periodo como un conflicto supranacional entre Reforma y Contrarreforma, con participación de potencias, ejércitos y jerarquías religiosas. Uno de sus episodios más conocidos, la masacre de San Bartolomé, dejó estimaciones de víctimas que van de miles a decenas de miles, dependiendo de la fuente histórica. 
El problema no pertenece solo al pasado. La persecución basada en religión o creencia sigue siendo una causa vigente de violencia, discriminación y desplazamiento. El ACNUR reconoce expresamente la religión como uno de los motivos por los que una persona puede ser perseguida y, por tanto, buscar protección internacional bajo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Además, el propio organismo advierte que minorías e pueblos indígenas en distintas regiones del mundo enfrentan violencia, conflicto y persecución étnica o religiosa, incluso con riesgo de atrocidades extremas. 
La idea de que la religión une automáticamente a las sociedades también merece ser desmontada. Con frecuencia ocurre lo contrario: la fe, cuando se vuelve identidad política cerrada, construye un “nosotros” contra “ellos”. Y ese mecanismo produce hostilidad contra minorías religiosas, personas sin religión, disidencias sexuales, mujeres y cualquier grupo que cuestione el orden moral dominante. El Pew Research Center reportó que en 2022 hubo acoso o hostigamiento contra grupos religiosos en 192 de 198 países y territorios analizados, una cifra récord en su serie. Ese mismo estudio registró 59 países con niveles altos o muy altos de restricciones gubernamentales a la religión y 45 países con niveles altos o muy altos de hostilidad social relacionada con la religión. 
Ese dato es brutal porque demuestra algo clave: el problema no es solo la creencia individual, sino la manera en que las instituciones, los gobiernos y los grupos sociales instrumentalizan la religión para disciplinar y excluir. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido que la intolerancia, la estigmatización, la discriminación y la incitación a la violencia por motivos de religión o creencia siguen siendo una amenaza real en múltiples contextos. 
También hay que decirlo con claridad: muchas estructuras religiosas han sido usadas para frenar avances en igualdad de género, autonomía corporal y derechos humanos. Un informe del relator especial de la ONU sobre libertad de religión o creencias subrayó que los Estados no deben usar creencias religiosas para justificar violaciones a los derechos de las mujeres y de las personas LGBT+. En 2023, otro experto de la ONU insistió en que ciertos discursos religiosos han sido utilizados deliberadamente para justificar violencia y discriminación contra personas LGBT, alimentando la falsa idea de que los derechos humanos y la libertad religiosa son incompatibles. No lo son; lo incompatible con los derechos humanos es usar la religión como arma política contra quienes ya viven exclusión. 
Esto es especialmente grave cuando hablamos de mujeres y poblaciones trans. Prácticas discriminatorias, restricciones sobre la sexualidad, castigos morales, criminalización social y negación de autonomía siguen siendo defendidas en nombre de “la tradición”, “la fe” o “la familia”. La propia ONU ha señalado que muchas prácticas dañinas contra mujeres y niñas se siguen justificando apelando a la religión y a normas sociales profundamente patriarcales. 
Por eso el punto no es atacar la espiritualidad individual ni negar que existan comunidades de fe que también luchan por la justicia. El punto es otro: denunciar cuándo la religión deja de ser convicción personal y se convierte en permiso simbólico para odiar, castigar, prohibir y violentar. Ahí es donde aparece una de sus formas más peligrosas: cuando el sujeto ya no asume responsabilidad ética por sus actos porque cree actuar en nombre de una verdad absoluta o de un mandato divino. En ese terreno, la culpa desaparece, pero la violencia se multiplica. 
La historia y el presente lo confirman. El fanatismo religioso no solo divide: fragmenta la vida pública, erosiona la convivencia democrática y vuelve sospechosa la diferencia. Rompe la cohesión social porque necesita jerarquías morales, enemigos internos y cuerpos a disciplinar. Necesita mujeres obedientes, diversidades sexuales silenciadas, minorías dóciles y pensamiento crítico bajo vigilancia. Por eso, cuando desde sectores conservadores se intenta presentar la religión como sinónimo automático de bien común, conviene preguntar: ¿bien común para quién?, ¿a costa de quiénes?, ¿y con qué consecuencias para quienes no encajan en su molde? 
Defender una sociedad democrática implica poner límites claros a cualquier forma de poder que pretenda colocarse por encima de los derechos humanos. La libertad religiosa existe y debe protegerse; lo que no puede protegerse es su uso como escudo para la discriminación, la censura moral o la violencia. Ninguna fe debería estar por encima de la dignidad humana. Y ningún dogma debería tener autoridad para decidir quién merece vivir con libertad y quién debe vivir con miedo