La propuesta busca restringir contenidos sobre identidad de género en escuelas con fondos federales y encendió las alertas de organizaciones LGBTIQ+ por el riesgo de obligar a docentes a revelar la identidad trans de estudiantes ante sus familias.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la iniciativa H.R. 2616, Stopping Indoctrination and Protecting Kids Act, una propuesta impulsada por legisladores republicanos que ha sido llamada por activistas y organizaciones LGBTIQ+ como una ley federal “Don’t Say Trans”. La votación ocurrió oficialmente el 20 de mayo de 2026, aunque diversos medios y organizaciones la difundieron ampliamente el 21 de mayo. La medida fue aprobada con 217 votos a favor y 198 en contra.
De acuerdo con el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara, la iniciativa fue presentada como una medida para “fortalecer los derechos de los padres” y condicionar el uso de fondos federales en escuelas K-12, es decir, desde educación básica hasta preparatoria. Sus promotores afirman que busca impedir que las escuelas “promuevan ideologías políticas o de género” sin conocimiento de las familias.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y defensoras de la población LGBTIQ+ advierten que el proyecto podría convertirse en una herramienta de censura educativa y persecución contra estudiantes trans, no binaries y de género diverso.
¿Qué plantea la iniciativa?
La propuesta establece que las escuelas públicas de nivel elemental y medio que reciben fondos federales tendrían que obtener consentimiento parental antes de actualizar en registros escolares el nombre elegido, pronombres, marcador de género o ciertas adaptaciones relacionadas con el género de una persona estudiante. También contempla restricciones al uso de fondos federales para enseñar o promover lo que el proyecto denomina “conceptos relacionados con ideología de género”.
En la práctica, organizaciones LGBTIQ+ advierten que esto podría impedir que en las aulas se hable con libertad sobre la existencia de las personas trans, no binaries o de género diverso. También podría afectar libros, materiales educativos, clubes estudiantiles, espacios de apoyo y conversaciones escolares sobre diversidad sexual y de género.
El Congressional Equality Caucus, integrado por legisladores que defienden derechos LGBTIQ+, denunció que la iniciativa podría obligar a escuelas a revelar la identidad trans de estudiantes ante sus padres, incluso en contextos donde hacerlo pudiera ponerles en riesgo de violencia, rechazo familiar o expulsión del hogar.
El riesgo del “outing” forzado
Uno de los puntos más criticados es el posible outing forzado, es decir, revelar la identidad de género de una persona estudiante sin su consentimiento.
Para muchas juventudes trans, la escuela puede ser uno de los pocos espacios donde encuentran reconocimiento, seguridad o acompañamiento. Obligar a docentes y autoridades escolares a informar a las familias cuando una persona estudiante utiliza otro nombre, pronombres o expresa una identidad de género distinta puede exponerla a castigos, violencia doméstica, rechazo, terapias de conversión o incluso situación de calle.
La ACLU condenó la aprobación del proyecto y señaló que la iniciativa amenaza con censurar a docentes a nivel nacional y obligarles a revelar la identidad trans de estudiantes antes de que estén listas, o incluso antes de que sea seguro hacerlo.
Una nueva etapa de la guerra cultural contra juventudes trans
La aprobación de esta iniciativa ocurre en un contexto de creciente ofensiva legislativa contra personas trans en Estados Unidos. En los últimos años, varios estados han impulsado leyes para restringir el acceso a tratamientos de afirmación de género, limitar la participación de personas trans en deportes, prohibir el uso de baños acordes con la identidad de género y censurar contenidos escolares relacionados con diversidad sexual y de género.
La llamada “Don’t Say Trans” no es un hecho aislado: forma parte de una estrategia política más amplia que utiliza a las infancias y juventudes trans como campo de batalla ideológico. Bajo el discurso de “proteger a la niñez”, estas leyes suelen negar la existencia de estudiantes trans y no binaries, borrando sus necesidades reales de seguridad, acompañamiento y educación libre de discriminación.
El debate no se trata únicamente de planes escolares. Se trata de si el Estado puede usar la educación pública para invisibilizar identidades, controlar narrativas y poner en riesgo a estudiantes que ya enfrentan altos niveles de violencia, acoso y exclusión.
Aún no es ley federal
Aunque la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa, el proyecto aún no se convierte automáticamente en ley. Para entrar en vigor, debe avanzar en el Senado y posteriormente ser firmado por el presidente de Estados Unidos. Aun así, su aprobación en la Cámara representa una señal política preocupante para organizaciones de derechos humanos y comunidades LGBTIQ+.
Activistas advierten que incluso si el proyecto enfrenta obstáculos legislativos, su sola discusión alimenta un clima de hostilidad contra estudiantes trans y envía un mensaje peligroso: que sus identidades son un problema que debe ocultarse o prohibirse.
Las juventudes trans no son una amenaza
Las personas trans, no binaries y de género diverso no son una ideología. Son estudiantes, hijas, hijos, hijes, amistades, compañeras y compañeros de aula. Tienen derecho a aprender sin miedo, a existir sin ser vigiladas y a recibir acompañamiento sin que su identidad sea usada como arma política.
La educación pública debería ser un espacio de protección, no de delación. Ninguna escuela debería verse obligada a elegir entre recibir fondos federales o respetar la dignidad de sus estudiantes.
La iniciativa conocida como “Don’t Say Trans” refleja una tendencia preocupante: convertir la identidad de género en un campo de censura institucional. Frente a ello, organizaciones LGBTIQ+ insisten en que el reconocimiento, la información y el acompañamiento salvan vidas.