La violencia, la discriminación y la falta de protección institucional están empujando a personas LGBTIQ+ a abandonar sus hogares. El fenómeno, conocido como sexilio, revela una deuda urgente del Estado mexicano: reconocer que la diversidad también está siendo desplazada.
En México, no todas las personas que huyen lo hacen con una maleta visible. Algunas se van de noche, otras se van después de una amenaza, de una golpiza, de una expulsión familiar, de una denuncia ignorada o de años de vivir con miedo. Para muchas personas LGBTIQ+, abandonar su casa no es una aventura ni una decisión de libertad: es una estrategia de supervivencia.
A ese fenómeno se le conoce como sexilio: el desplazamiento forzado o inducido de personas por motivos relacionados con su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. No se trata solamente de migrar para “vivir mejor”, sino de salir porque quedarse puede significar violencia, exclusión, persecución o muerte.
El tema volvió a colocarse en la conversación pública tras la publicación del reportaje “Sexilio en México: desplazamiento forzado de personas LGBTIQ+”, publicado el 5 de abril de 2026 por Grupo Animal / Corriente Alterna, donde se documentan historias de personas que han tenido que dejar sus lugares de origen ante la violencia familiar, comunitaria, institucional o criminal.
Huir también puede ser una forma de seguir viva
El desplazamiento forzado interno en México suele explicarse desde la violencia del crimen organizado, y con razón: los datos muestran un país atravesado por conflictos territoriales, amenazas, extorsiones y control armado. Sin embargo, reducir el problema solo al crimen organizado deja fuera otras violencias que también expulsan: la transfobia, la lesbofobia, la homofobia, la violencia familiar, la discriminación institucional y la falta de redes seguras.
El informe “Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2024”, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, documentó que en 2024 se registraron más de 28 mil personas desplazadas internas en México; los estados con mayor concentración fueron Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero. En otro apartado, el mismo informe precisa 72 eventos de desplazamiento interno que afectaron a 28 mil 900 personas en 13 entidades, un aumento de 129% respecto a 2023.
Pero cuando se habla de personas LGBTIQ+, el mapa se vuelve todavía más incompleto. No hay registros oficiales suficientes que permitan saber cuántas personas de la diversidad sexual y de género han sido desplazadas por violencia, discriminación o persecución. Esa ausencia de datos no significa ausencia de víctimas: significa ausencia de Estado.
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas ya había advertido que México no cuenta con cifras nacionales oficiales suficientemente desagregadas por edad, género, origen étnico, orientación sexual, discapacidad y diversidad, lo que impide dimensionar con precisión el fenómeno.
La diversidad no siempre cabe en los refugios
Para una persona LGBTIQ+, desplazarse no garantiza seguridad automática. Salir de un lugar violento puede significar llegar a otro espacio donde tampoco hay condiciones dignas: refugios que no aceptan a mujeres trans, albergues sin perspectiva de diversidad sexual, instituciones que revictimizan, empleos negados, rentas más caras, documentos perdidos o autoridades que no saben cómo atender estos casos.
La ONU también documentó que las personas LGBTIQ+ desplazadas enfrentan altos niveles de discriminación y estigmatización cuando intentan acceder a sus derechos. Además, señaló que la falta de un marco normativo garante de derechos, la exclusión y la pobreza colocan a esta población en una posición de mayor vulnerabilidad frente al desplazamiento.
En el caso de mujeres trans, la situación puede ser todavía más grave. La pérdida o abandono de documentos durante el desplazamiento limita el acceso a derechos básicos, y Naciones Unidas registró preocupaciones específicas sobre este problema en mujeres trans, además de la falta de atención gubernamental de emergencia con enfoque diferencial.
Es decir: una persona puede escapar de la violencia de su comunidad, pero encontrarse con otra violencia en la ventanilla, en el refugio, en la entrevista laboral, en el hospital o en la calle.
El sexilio existe aunque no lo nombren
En México, la población LGBTIQ+ no es minoría simbólica: el INEGI estimó que cinco millones de personas de 15 años y más se identifican como LGBTI+, equivalente al 5.1% de la población de ese rango de edad; también estimó 909 mil personas transgénero, transexuales o con otra identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer.
Aun así, el reconocimiento estadístico no se ha traducido en políticas suficientes para proteger a quienes son obligadas a moverse por prejuicio. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 reportó que 37.3% de la población de la diversidad sexual y de género declaró haber vivido discriminación en los últimos 12 meses; 41.8% de ese grupo dijo que fue discriminado por su forma de vestir o arreglo personal.
La violencia extrema también aparece en los registros de organizaciones civiles. Letra S documentó al menos 80 asesinatos de personas LGBT+ en México durante 2024, un aumento de 20% respecto al año anterior; de esos casos, 55 correspondieron a mujeres trans, la cifra más alta para este grupo en los últimos tres años.
Estos datos ayudan a entender por qué muchas personas no esperan a que la violencia llegue al punto final. Algunas se van antes. Otras se van después de sobrevivir. Otras se van porque nadie les creyó.
México sigue sin una ley federal integral
Uno de los puntos más graves es la falta de una ley federal específica sobre desplazamiento forzado interno. El reportaje de Grupo Animal señala que México no cuenta con una legislación federal en la materia y que solo algunos estados —Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca— tienen legislación local; Oaxaca destaca porque incluye la discriminación por orientación sexual e identidad de género dentro de sus causales por violación a derechos humanos.
La Relatora Especial de la ONU también advirtió que, aunque el gobierno federal reconoció el desplazamiento interno en 2019, todavía no existe un marco jurídico federal que regule una respuesta integral de prevención, protección, asistencia, atención, reparación y soluciones duraderas.
Ese vacío legal tiene consecuencias concretas: sin reconocimiento, no hay registro; sin registro, no hay presupuesto; sin presupuesto, no hay refugios suficientes; sin refugios, muchas personas quedan expuestas a explotación laboral, trata, violencia sexual, precariedad o nuevas formas de persecución.
La deuda: datos, refugios y reparación
Hablar de sexilio no es inventar una categoría de moda. Es ponerle nombre a una realidad que muchas personas LGBTIQ+ ya conocen desde hace décadas: tener que irse para poder vivir.
México necesita datos oficiales desagregados, protocolos de atención con perspectiva de diversidad sexual y de género, refugios seguros para personas trans y no binarias, acceso a salud integral, mecanismos de regularización documental, protección frente a agresores y rutas de reparación que no obliguen a las víctimas a revivir su historia una y otra vez para ser tomadas en serio.
El sexilio revela una verdad incómoda: no basta con reconocer derechos en papel si las personas tienen que abandonar su casa para ejercerlos. Mientras una persona LGBTIQ+ tenga que escapar de su comunidad, de su familia, de una autoridad o de un grupo criminal para salvar su vida, la igualdad seguirá siendo una promesa incompleta.
Y nombrarlo es apenas el primer paso. Lo urgente es que el Estado deje de mirar hacia otro lado y entienda que el desplazamiento también tiene rostro trans, lésbico, gay, bisexual, queer, no binarie, indígena, migrante, racializado y empobrecido.
Porque nadie debería tener que exiliarse de su propia vida para poder existir.