Mauricio Kuri promete aplicar “todo el peso de la ley” contra quienes protestaron por el veto a la Ley de Identidad de Género. La misma determinación no se ha visto para esclarecer plenamente la violencia ocurrida en el Estadio Corregidora en 2022.
En Querétaro, la ley parece tener una velocidad distinta dependiendo de quién incomode al poder.
Cuando personas trans y no binarias se manifiestan para exigir el reconocimiento de su identidad, el gobernador Mauricio Kuri habla de responsables identificados, acciones legales y aplicación de la ley. Pero cuando decenas de hombres protagonizaron una batalla brutal en el Estadio Corregidora, golpearon personas hasta dejarlas inconscientes y exhibieron ante el mundo el fracaso de las autoridades estatales, la justicia avanzó entre silencios, pendientes y rostros que permanecieron sin identificar.
El pasado 13 de junio, más de 10 mil personas participaron en la Marcha del Orgullo de Querétaro, en un contexto marcado por el rechazo del gobernador a la reforma que permitiría el reconocimiento administrativo de la identidad de género. La movilización también estuvo acompañada por denuncias de hostigamiento y amenazas contra integrantes de la comunidad.
Después de las pintas y daños realizados en Palacio de Gobierno, Mauricio Kuri declaró que “se tendrá que aplicar la ley” y que correspondería a las autoridades determinar las acciones legales. Algunos reportes señalaron incluso que las personas presuntamente involucradas ya habían sido identificadas.
Qué eficacia tan repentina.
Una pared provoca más indignación que nuestros derechos negados
No se puede analizar lo sucedido como un hecho aislado. Las protestas surgieron después de que el Poder Ejecutivo frenara una reforma aprobada por el Congreso para reconocer jurídicamente a las personas trans y no binarias.
Actualmente, muchas personas trans de Querétaro deben viajar a otras entidades para corregir sus documentos. Eso significa invertir dinero, trasladarse, ausentarse del trabajo y enfrentarse a trámites que deberían poder realizar en su propio estado. Los colectivos han solicitado que cualquier revisión de la reforma se realice con criterios constitucionales, de derechos humanos y no discriminación, no mediante prejuicios o desinformación.
Sin embargo, frente a esta deuda histórica, el gobierno no mostró la misma urgencia que ahora demuestra por una fachada.
Resulta revelador que algunas autoridades encuentren rápidamente palabras como vandalismo, delito y castigo, pero eviten hablar con igual claridad de la violencia institucional, la discriminación legal y la exclusión cotidiana que viven las personas trans y no binarias.
No defendemos agresiones contra personas ni sostenemos que una protesta se encuentre fuera de cualquier responsabilidad jurídica. Lo que cuestionamos es el uso selectivo y desproporcionado del aparato estatal: tolerante frente a determinados grupos violentos, pero veloz para vigilar, identificar y amenazar con procesos penales a quienes exigen derechos.
¿Dónde quedó esa firmeza después del Estadio Corregidora?
El 5 de marzo de 2022, durante el partido entre Querétaro y Atlas, el Estadio Corregidora se convirtió en escenario de una violencia estremecedora. Aficionados fueron perseguidos, desnudados, pateados y golpeados brutalmente mientras la seguridad del estadio era incapaz de contener la agresión.
La versión oficial registró 26 personas lesionadas, tres de gravedad. La Fiscalía identificó inicialmente a 26 presuntos agresores y realizó cateos en distintos municipios. Días después, las autoridades informaron sobre detenciones y órdenes de captura adicionales.
No afirmamos que nadie haya sido investigado. Sí hubo detenciones y procedimientos. Pero meses después de los hechos, la propia Fiscalía todavía difundía imágenes para localizar a otras 20 personas relacionadas con la violencia.
La pregunta sigue siendo legítima: ¿cuál es el balance completo de esa investigación cuatro años después?
¿Cuántas de esas personas fueron finalmente identificadas?
¿Cuántas recibieron una sentencia?
¿Cuántas continúan prófugas?
¿Qué servidores públicos o responsables de la seguridad respondieron por las omisiones?
¿Por qué las autoridades no presentan periódicamente un informe público y accesible sobre el caso?
No basta con anunciar operativos durante los primeros días y después dejar que el tiempo borre la exigencia de justicia.
Los “FIFAS” violentos y la protesta que sí incomoda
La comparación resulta inevitable.
A los hombres que protagonizan violencia masiva alrededor del futbol suele llamárseles “aficionados”, “barras” o “grupos de animación”. Incluso ante imágenes brutales, su conducta puede terminar explicada como una riña, un enfrentamiento o un exceso provocado por la pasión deportiva.
A las personas trans y no binarias que protestan por derechos negados se les presenta rápidamente como una amenaza para el orden público.
Unos golpean cuerpos. Otras pintan paredes.
Unos participan en una violencia que dejó decenas de personas lesionadas. Otras denuncian que el Estado continúa negándoles reconocimiento, seguridad y certeza jurídica.
Sin embargo, el discurso gubernamental parece encontrar más conveniente exhibir la protesta trans que explicar el estado actual de las investigaciones contra quienes sembraron terror en el Estadio Corregidora.
No se trata de pedir impunidad para nadie. Se trata de exigir igualdad ante la ley, proporcionalidad y transparencia.
La protesta no nace de la nada
La iconoclasia no aparece en el vacío. Surge cuando las instituciones cierran las puertas, cuando los trámites se convierten en obstáculos y cuando las vidas de una población importan menos que la conservación impecable de los edificios públicos.
Las paredes pueden limpiarse. Los cristales pueden sustituirse. Las puertas pueden repararse.
Pero los años vividos con documentos que no reconocen nuestra identidad, la discriminación laboral, las agresiones, las amenazas y los crímenes de odio no se reparan con una mano de pintura.
Antes de amenazar con la ley, Mauricio Kuri debería explicar por qué decidió frenar una reforma necesaria. Debería convocar mesas interinstitucionales con personas trans y no binarias, familias, especialistas y organizaciones de derechos humanos. También tendría que garantizar que ninguna persona sea perseguida, estigmatizada o criminalizada por participar en una movilización.
Al momento de los primeros reportes públicos sobre los hechos del 13 de junio, las autoridades no habían informado oficialmente de personas detenidas. Por ello, debe hablarse con precisión de amenazas de acciones legales e identificación de manifestantes, no presentar como confirmadas detenciones que todavía no han sido acreditadas públicamente.
Gobernar no es castigar a quienes protestan
Aplicar la ley también significa respetar el derecho a la protesta, garantizar la libertad de expresión y evitar investigaciones basadas en perfiles discriminatorios.
Aplicar la ley significa proteger a las personas trans y no binarias de la violencia.
Aplicar la ley significa reconocer jurídicamente nuestra identidad.
Aplicar la ley significa rendir cuentas sobre todos los responsables de la tragedia del Estadio Corregidora, incluidos quienes organizaron la seguridad y permitieron que el estadio se convirtiera en un campo de agresiones.
La justicia no puede ser implacable con las personas históricamente discriminadas y condescendiente con quienes ejercen violencia desde espacios socialmente normalizados.
Señor gobernador: no convierta la protesta en el enemigo. El verdadero problema es un Estado que castiga la rabia, pero se niega a resolver las causas que la producen.