Contrato millonario sin licitación pública y nombramientos notariales a perfiles cercanos al poder abren nuevas preguntas sobre transparencia, favoritismo y rendición de cuentas en Querétaro
El gobierno de Mauricio Kuri González enfrenta una creciente presión pública por dos temas que han encendido alertas sobre transparencia y uso del poder público en Querétaro: el contrato multimillonario otorgado a la empresa Seguritech para infraestructura de seguridad, y una serie de nombramientos notariales a personas vinculadas política o personalmente con el grupo gobernante.
Aunque hasta ahora no existe una sentencia firme que declare responsabilidad penal o administrativa directa del gobernador por estos hechos, la información publicada por medios de investigación, registros públicos y notas locales coloca sobre la mesa preguntas urgentes: ¿por qué un contrato de casi 4 mil millones de pesos fue adjudicado sin licitación pública?, ¿por qué se reservaron detalles técnicos y operativos?, ¿qué criterios se utilizaron para entregar nuevas notarías?, ¿hubo competencia real, mérito suficiente y transparencia en los procesos?
El caso no es menor. Se trata de decisiones públicas que comprometen recursos, servicios estratégicos y cargos de alto valor jurídico y económico.
Seguritech: casi 4 mil millones de pesos bajo reserva
De acuerdo con una investigación de PopLab, el gobierno de Querétaro otorgó a Seguritech Privada, S.A. un contrato de prestación de servicios integrales a largo plazo por 3 mil 919 millones 71 mil 598 pesos, con vigencia del 4 de febrero de 2022 al 31 de agosto de 2027, es decir, prácticamente durante todo el sexenio de Mauricio Kuri. El contrato, identificado como OM/DA/RE/030/2022, fue adjudicado bajo la modalidad de adjudicación directa por excepción, no mediante una licitación pública abierta.
La justificación oficial se sostuvo en razones de seguridad pública. Según la investigación, antes de la firma del contrato, el director de Servicios Administrativos del estado solicitó autorización al Comité de Adquisiciones para realizar una adjudicación directa por excepción. Dicha solicitud fue considerada procedente y aprobada en sesión del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones del Ejecutivo.
El problema no es únicamente el monto. En temas de seguridad, los gobiernos pueden reservar información sensible; sin embargo, cuando el contrato involucra miles de millones de pesos públicos, la reserva debe ser excepcional, proporcional y estar plenamente justificada. En este caso, PopLab documentó que el anexo único del contrato fue clasificado como reservado por el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo pocos días después de la firma, bajo el argumento de que contenía datos técnicos sobre infraestructura y servicios tecnológicos vinculados a la seguridad pública.
La pregunta central es clara: ¿qué parte de la información debía reservarse por seguridad y qué parte sí debió transparentarse por tratarse de recursos públicos?
Kuri defendió la inversión, pero corrigieron su versión sobre la licitación
Tras la publicación del caso, Mauricio Kuri defendió públicamente la inversión. En una conferencia semanal, afirmó que desde su primer informe había anunciado un proyecto de seguridad por alrededor de 4 mil millones de pesos, relacionado con infraestructura, tecnología, equipamiento y nuevas capacidades policiales. También sostuvo que Seguritech era una empresa que trabajaba con gobiernos de distintos partidos.
Sin embargo, hubo una contradicción relevante. Kuri afirmó que la licitación había sido “abierta”, pero posteriormente Lynda Rangel Luna, titular de la Oficialía Mayor, aclaró que se trató de una adjudicación directa por excepción, al ser un tema de seguridad. La funcionaria dijo que no podían darse todos los detalles y sostuvo que “todo está en transparencia”.
Esa diferencia no es menor. No es lo mismo una licitación abierta, donde varias empresas compiten públicamente, que una adjudicación directa por excepción, donde el gobierno justifica entregar el contrato sin el mismo nivel de competencia pública. En términos de rendición de cuentas, esa distinción es fundamental.
Tecnología de seguridad, pero resultados bajo debate
El contrato con Seguritech forma parte de una estrategia que incluye videovigilancia, drones, arcos de seguridad, lectores de placas, bancos de datos, centros de reacción y operación, así como el complejo conocido como Rhino, sede operativa de la Policía Estatal. De acuerdo con PopLab, el gobierno afirmó que desde la operación de Rhino se duplicaron herramientas de videovigilancia del sistema estatal, pasando de 5 mil 600 a 11 mil equipos.
El gobierno ha defendido que la inversión busca prevenir delitos y fortalecer la capacidad policial. No obstante, el mismo reportaje coloca en debate si la inversión ha tenido resultados proporcionales al gasto. PopLab reportó que, al comparar los primeros años del gobierno de Kuri con el mismo periodo de su antecesor, se observó un incremento del 15% en el total de delitos y un aumento cercano al 8% en crímenes, según datos revisados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El punto periodístico no es negar la importancia de invertir en seguridad. La pregunta es otra: ¿por qué una inversión tan grande, adjudicada sin licitación pública y con anexos reservados, no cuenta con una explicación suficientemente clara, pública y verificable sobre sus alcances, costos, evaluación y resultados?
Notarías: cargos vitalicios y perfiles cercanos al poder
El segundo frente de cuestionamientos se encuentra en el otorgamiento de notarías. En Querétaro, como en otros estados, una notaría representa mucho más que una oficina jurídica: implica fe pública, intervención en operaciones inmobiliarias, sociedades, poderes, herencias y actos de alto impacto económico. Por eso, su asignación debe estar blindada contra favoritismo, cuotas políticas o vínculos personales.
En marzo de 2025, medios locales reportaron que el gobierno estatal otorgó la titularidad de dos nuevas notarías: la Notaría 78, asignada a Mario Fernando Ramírez Retolaza, ex Oficial Mayor del gobierno de Kuri, y la Notaría 79, asignada a Roberto Sánchez Lara Murguía, hijo de la senadora panista Guadalupe Murguía.
Libertad de Palabra reportó que Kuri creó las notarías 78 y 79 con la justificación del crecimiento demográfico y económico de Querétaro. Cuatro días después, designó como titular de una de ellas a Mario Fernando Ramírez Retolaza, a quien el propio gobernador había reconocido públicamente como una persona cercana y colaborador de su gobierno.
El mismo medio señaló que Ramírez Retolaza fue secretario del Trabajo durante parte del sexenio de Francisco Domínguez Servién y posteriormente fue anunciado por Mauricio Kuri como Oficial Mayor de su administración.
Samuel Cárdenas Palacios: otro nombramiento bajo lupa
El caso de Samuel Cárdenas Palacios también fue documentado por medios locales. Tribuna de Querétaro reportó que en octubre de 2021, recién iniciado el gobierno de Kuri, el mandatario nombró a Cárdenas Palacios como titular de la Notaría Pública 8, de acuerdo con un acuerdo publicado en La Sombra de Arteaga.
Tribuna también documentó que Cárdenas Palacios había sido director jurídico adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento durante el periodo en que Kuri fue presidente municipal de Corregidora, de 2015 a 2018. Posteriormente fue secretario del Ayuntamiento durante la administración de Roberto Sosa Pichardo, sucesor de Kuri en ese municipio.
El acuerdo, según esa publicación, sostuvo que el nombramiento se dio luego de cumplir requisitos de la Ley del Notariado y acreditar un examen teórico. Ese dato es importante porque obliga a una revisión seria: no basta con señalar cercanía política; también debe revisarse si el proceso fue competitivo, transparente, documentado y abierto a escrutinio público.
Registros públicos confirman titulares notariales
El Directorio del Colegio Nacional del Notariado Mexicano registra actualmente a Mario Fernando Ramírez Retolaza como titular de la Notaría 78 en Querétaro, con registro como socio desde 2025. También registra a Roberto Sánchez Lara Murguía como titular de la Notaría 79, igualmente con registro desde 2025.
En el mismo directorio aparece Samuel Cárdenas Palacios como titular de la Notaría 46 en Santiago de Querétaro, con registro desde 2022. Asimismo, aparece Humberto Palacios Kuri como titular de la Notaría 65, con registro desde 2020.
Estos registros no prueban por sí solos irregularidades, pero sí permiten confirmar que los nombres señalados en notas públicas ocupan notarías en Querétaro. El debate público se centra en los vínculos políticos, familiares o de cercanía con el grupo gobernante y en la necesidad de transparentar los expedientes de designación.
Lo que debe investigarse
Frente a estos hechos, la exigencia democrática no debe limitarse al escándalo mediático. Se requiere una revisión documental seria, pública e independiente.
En el caso Seguritech, deben transparentarse —sin poner en riesgo información verdaderamente sensible— los criterios de adjudicación directa, los estudios de mercado, las razones para no convocar licitación pública, los entregables, las evaluaciones de desempeño, los pagos realizados año por año y las cláusulas de responsabilidad del proveedor.
En el caso de las notarías, deben revisarse los expedientes completos de creación, convocatoria, evaluación, exámenes, méritos, experiencia, vínculos de interés y criterios de selección. La ciudadanía tiene derecho a saber si esos espacios fueron asignados por capacidad técnica o si operaron como recompensas políticas dentro de una red de poder.