Colectivos de personas trans y no binaries instalaron un plantón dentro de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, para exigir una reunión directa con Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, ante la falta de respuestas concretas a las demandas históricas de la población trans en el país.
La protesta se realizó luego de que integrantes de distintas colectivas denunciaran que las autoridades federales han sostenido mesas de diálogo sin traducirlas en acciones reales, presupuesto, reformas legislativas o políticas públicas que atiendan la violencia estructural que enfrentan las personas trans, especialmente quienes viven en condiciones de calle, pobreza, desempleo, trabajo sexual, criminalización o exclusión familiar.
De acuerdo con las manifestantes, el plantón no es una acción aislada ni una protesta improvisada: es una respuesta política frente a años de omisión institucional. Las colectivas exigen que la Secretaría de Gobernación deje de tratar sus demandas como asuntos secundarios y asuma su responsabilidad en la construcción de una ruta federal para garantizar derechos.
Exigen diálogo directo, no intermediarios
Una de las principales demandas de las colectivas es sostener una reunión directa con Rosa Icela Rodríguez. Las manifestantes señalan que los encuentros con funcionariado intermedio no han sido suficientes para resolver las problemáticas urgentes que atraviesan las personas trans y no binaries en México.
Entre las exigencias centrales se encuentra el cumplimiento de acuerdos previos, la instalación de una mesa de alto nivel con capacidad real de decisión y el impulso de una Ley Integral Trans que garantice derechos en materia de salud, vivienda, educación, empleo, identidad jurídica, seguridad, justicia y reparación del daño.
Las colectivas también demandan que la Secretaría de Gobernación atienda la violencia transfóbica como una crisis nacional de derechos humanos, no como hechos aislados. En México, las personas trans continúan enfrentando asesinatos, desapariciones, desplazamiento, discriminación laboral, negación de servicios médicos y criminalización cuando protestan o defienden sus derechos.
La Recomendación 42/2024 sigue sin cumplirse plenamente
El plantón también revive una exigencia clave: el cumplimiento de la Recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitida por violaciones a los derechos humanos de la población trans en México.
Dicha recomendación reconoce afectaciones en derechos como salud, educación, trabajo, vivienda, identidad de género, igualdad, no discriminación, cultura y acceso a la justicia. También señala la falta de armonización legislativa a nivel constitucional y la necesidad de avanzar hacia una legislación general que garantice los derechos de la población trans en todo el país.
Aunque el Senado aceptó la recomendación en 2024, las colectivas denuncian que los avances han sido insuficientes y que la respuesta institucional sigue atrapada en tiempos burocráticos, mientras la violencia y la exclusión continúan marcando la vida cotidiana de miles de personas trans y no binaries.
Una protesta contra la simulación institucional
El mensaje político del plantón es claro: no basta con abrir mesas, tomarse fotografías o reconocer públicamente la discriminación. Las colectivas exigen resultados verificables.
La demanda no es únicamente ser escuchadas, sino que el Estado mexicano establezca una ruta con fechas, responsables, presupuesto y participación directa de personas trans y no binaries en el diseño de las políticas públicas que les afectan.
Durante años, las organizaciones trans han denunciado que muchas instituciones utilizan el discurso de la inclusión durante el mes del Orgullo, pero en la práctica no garantizan condiciones mínimas de vida digna. La falta de empleo formal, la expulsión familiar, la violencia policial, la discriminación médica y la ausencia de vivienda segura continúan empujando a muchas personas trans a contextos de mayor vulnerabilidad.
Ley Integral Trans: una deuda pendiente
La exigencia de una Ley Integral Trans no se limita al reconocimiento de identidad de género. Las colectivas plantean una legislación amplia que responda a las múltiples formas de exclusión que atraviesan las personas trans.
Una ley de este tipo debería contemplar, al menos, acceso universal a documentos de identidad, atención médica integral y afirmativa, políticas de empleo, vivienda digna, educación libre de discriminación, protección contra violencias, acceso a la justicia, atención a personas adultas mayores trans, reparación del daño y medidas específicas para quienes han sido históricamente empujadas a la calle o al trabajo informal.
Para las colectivas, la deuda del Estado mexicano no puede seguir fragmentada en pequeñas reformas locales. Se requiere una respuesta federal que reconozca que la vida de las personas trans no puede depender del código postal, de la voluntad política de cada estado o de la necesidad de interponer amparos para acceder a derechos básicos.
El contexto nacional agrava la exigencia
La protesta ocurre en un momento de tensión para los derechos de las personas trans en México. En distintos estados del país persisten retrocesos, bloqueos legislativos y omisiones frente a crímenes de odio.
Casos recientes, como el veto a la Ley de Identidad de Género en Querétaro y los aplazamientos legislativos en otros estados, muestran que el reconocimiento de derechos sigue enfrentando resistencias políticas, religiosas y conservadoras. Mientras tanto, las personas trans continúan siendo asesinadas, desaparecidas, encarceladas, desplazadas o forzadas a vivir en condiciones de precariedad.
Frente a esta realidad, el plantón en Gobernación se convierte en una acción de denuncia nacional: las vidas trans no pueden seguir esperando.
Una exigencia urgente al Estado mexicano
Las colectivas trans y no binaries que protestan en Segob están colocando sobre la mesa una verdad incómoda: el Estado mexicano ha reconocido la existencia de la discriminación, pero no ha actuado con la fuerza necesaria para desmontarla.
Por ello, la exigencia a Rosa Icela Rodríguez y a la Secretaría de Gobernación no debe reducirse a conceder una reunión. Lo urgente es instalar una ruta nacional de cumplimiento, con mecanismos de seguimiento, presupuesto público, participación comunitaria y compromisos verificables.
Las personas trans y no binaries no están pidiendo privilegios. Están exigiendo derechos humanos, garantías de vida, justicia y políticas públicas que respondan a una emergencia histórica.
El plantón en Gobernación recuerda que la dignidad trans no se negocia, no se administra en tiempos burocráticos y no puede seguir siendo utilizada como discurso institucional sin consecuencias reales.