El asesinato de Noé Alejandro López Martínez, conocido en la vida social y en certámenes como Fernanda Palacios, volvió a encender la exigencia de justicia en Chiapas. Colectivos y medios locales han señalado el caso en el contexto de un posible crimen de odio y transfeminicidio.
Una vez más, la violencia golpea con brutalidad a la diversidad sexogenérica en México. Este fin de semana fue asesinada en Cintalapa, Chiapas, Noé Alejandro López Martínez, conocida socialmente en mundo del travestismo como Fernanda Palacios, figura reconocida en espacios de certámenes de belleza y en la comunidad LGBT+ de la región. De acuerdo con los reportes periodísticos, el ataque ocurrió afuera de una cenaduría ubicada en la colonia Linda Vista Poniente, donde hombres armados dispararon en su contra en repetidas ocasiones.
Fernanda Palacios tenía 27 años, era maquillista y había ganado el certamen Reina de Reinas 2025, un reconocimiento que la colocó como una figura visible dentro de su comunidad. Su asesinato no puede leerse como un hecho aislado ni como una simple nota roja: ocurre en un país donde las personas travestis, trans y de la diversidad sexual siguen enfrentando violencias estructurales, discursos de odio, exclusión institucional y una alarmante falta de acceso a la justicia.
Medios que han dado seguimiento al caso señalan que Noé Alejandro era conocida en la comunidad LGBT+ como Fernanda Palacios, mientras que organizaciones y coberturas periodísticas han ubicado el crimen en el marco de un posible crimen de odio e incluso lo han nombrado como transfeminicidio. Ese señalamiento permite entender que no se trata sólo de un homicidio, sino de una agresión atravesada por el prejuicio, la desigualdad y la deshumanización que históricamente pesa sobre las vidas travestis y trans.
Desde una perspectiva de género y derechos humanos, este caso obliga a cuestionar la manera en que el Estado responde cuando la víctima pertenece a una población históricamente vulnerada. No basta con abrir una carpeta de investigación: se requiere una indagatoria seria, expedita y con enfoque diferenciado, que contemple la identidad social de la víctima, su contexto comunitario y la posibilidad de que el crimen haya estado motivado por odio hacia su expresión o identidad de género. La revictimización, el silencio institucional y la indiferencia también son formas de violencia.
En Chiapas, además, el contexto general de violencia agrava la situación. El Universal reportó que en lo que va del año sumaban 14 feminicidios en la entidad, según la organización 50+1, mientras distintas regiones del estado enfrentan también escenarios de disputa criminal. En ese panorama, las personas LGBT+, y especialmente las mujeres trans y personas travestis visibles, quedan expuestas a mayores riesgos sin que existan garantías reales de protección.
La exigencia de justicia por Fernanda Palacios no es solamente un reclamo por el esclarecimiento de un caso. Es también una denuncia contra un sistema que sigue fallando en proteger a quienes viven en la intersección de múltiples violencias: pobreza, transfobia, misoginia, discriminación territorial y abandono institucional. Cada asesinato de una persona travesti o trans en México recuerda que para muchas, la visibilidad sigue teniendo un costo altísimo.
Hoy, frente a este crimen, la demanda es clara: justicia, verdad y no impunidad. Las autoridades de Chiapas tienen la obligación de investigar con rigor, sancionar a los responsables y reconocer la gravedad de la violencia ejercida contra personas travestis y trans. Porque ninguna vida debe ser tratada como desechable. Porque Fernanda no es una cifra. Porque la dignidad también exige memoria, verdad y justicia.