Ciudad de México, 23 de junio de 2026. Mujeres trans, personas no binarias y colectivas de la diversidad sexual fueron desalojadas este martes de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, luego de mantener durante cinco días un plantón para exigir diálogo directo con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, así como respuestas concretas a una agenda histórica de derechos humanos.
De acuerdo con testimonios de activistas presentes, el retiro ocurrió en medio de tensión, uso de gases de extintores y presuntas agresiones físicas. Las personas manifestantes denunciaron que fueron sacadas del espacio sin que antes se garantizara una mesa de diálogo de alto nivel, pese a que su principal exigencia era ser escuchadas directamente por la Secretaría de Gobernación.
Durante el desalojo, las manifestantes gritaron “¡Las vidas trans importan!”, consigna que resume el sentido político de la protesta: no se trataba únicamente de una ocupación simbólica, sino de una demanda urgente frente a la violencia, la exclusión laboral, la falta de acceso a salud integral, la precarización de la vivienda y la ausencia de políticas públicas efectivas para personas trans y no binarias en México.
La activista Victoria Sámano acusó que varias personas fueron violentadas durante el operativo y señaló que una manifestante tuvo que ser trasladada a urgencias tras recibir un golpe en la cabeza. También rechazó cualquier intento de criminalizar la protesta o presentar a las colectivas como un riesgo para justificar el uso de la fuerza.
El plantón inició como respuesta a lo que las colectivas han señalado como años de simulación institucional. Las personas manifestantes exigían, entre otros puntos, una Ley Integral Trans, reconocimiento legal de identidades no binarias, homologación de documentos oficiales, acceso a salud integral, oportunidades laborales, políticas de vivienda, educación sin discriminación, capacitación obligatoria a personas servidoras públicas y mecanismos reales para frenar los crímenes de odio.
Antes del desalojo, las colectivas habían denunciado que funcionarios de la Segob les ofrecieron mesas de trabajo con mandos medios, pero no una reunión directa con Rosa Icela Rodríguez, motivo por el cual mantuvieron la protesta. Para las activistas, la falta de respuesta reflejó una práctica repetida: abrir mesas, administrar el desgaste y evitar compromisos vinculantes.
El hecho ocurre en vísperas de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, en un contexto donde las poblaciones trans y no binarias insisten en que el orgullo no puede reducirse a celebración, marcas o espectáculo, mientras las instituciones siguen sin responder a demandas básicas de vida, seguridad y dignidad.
La respuesta del Estado frente a esta protesta deja una pregunta urgente: ¿por qué una Secretaría encargada de la política interior y el diálogo social responde con desalojo a quienes exigen derechos humanos?
Organizaciones y activistas han llamado a no criminalizar la protesta trans y no binaria, garantizar atención médica a las personas lesionadas, investigar posibles abusos durante el operativo y abrir una mesa pública, seria y con capacidad de resolución. Las demandas no son nuevas: son reclamos acumulados por años de abandono institucional.
El desalojo en Segob no cierra el conflicto. Al contrario, exhibe la deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres trans, las personas no binarias, las trabajadoras sexuales, las personas trans en situación de calle, las adultas mayores trans y todas aquellas que han sido obligadas a convertir la protesta en último recurso para ser escuchadas.